Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el el ejercicio del derecho a portar armas reconocido a los Policías Locales interinos en las mismas condiciones que a los funcionarios de carrera puede verse condicionado en su ejercicio a la previa superación de un curso de formación previsto al efecto.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto reclamando responsabilidad patrimonial por personal temporal por abuso de contratación temporal reconociendo a la recurrente en derecho a la continuación de la prestación de servicios de forma ininterrumpida y con todos los derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera hasta la cobertura de la vacante estructural por los procedimientos reglados de provisión de puestos de trabajo en el sector público, o en su caso hasta la amortización de la plaza. Sin embargo, el Tribunal Supremo descarta la posibilidad de conversión de una relación temporal en fija en el ámbito de los empleados públicos. Del mismo modo debe rechazarse la pretensión de abono de una indemnización por daños y perjuicios cuyo origen no se ha precisado, y que aparentemente asociada a una cese definitivo y efectivo de la relación laboral, sin embargo no consta que este se haya verificado al haberse prestado servicios para la administración de forma continuada en el tiempo.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto reclamando responsabilidad patrimonial por personal temporal que considera su contratación irregular. Respecto de la pretensión de que se le considere personal fijo, no hay posibilidad de interpretar la legislación vigente para transformar a un funcionario temporal en funcionario de carrera sin que el primero haya superado las pruebas que se exige superar al segundo para adquirir su condición. Y sobre la petición de indemnización, la regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración no da base para otorgar indemnizaciones con una finalidad sancionadora, al margen de daños efectivos e identificados. El mero hecho, incluso, de que hubiese podido haber una situación objetivamente abusiva, en los términos que se acaban de señalar, no implica automáticamente que quien se halló en ella haya sufrido un daño efectivo e identificado. De aquí que no quepa reconocerle un derecho a indemnización por esa sola circunstancia; algo que el ordenamiento jurídico español y, más en concreto, la regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración no permite.
Resumen: Se desestima el recurso contra el Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, en lo relativo a plazas de la escala de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. Al igual que se resolvió en la STS núm. 1071/2023, de 20 de julio, se señala que existe un gran número de interinos en puestos de las entidades locales desde los que ejercen funciones reservadas a la Escala y que la Administración Local no es una excepción respecto a las otras Administraciones públicas en lo que se refiere al empleo temporal, de manera que también en ella se da el fenómeno que la Ley 20/2021 quiere revertir. Así, pues, existiendo personal interino que desempeña puestos de las entidades locales que implican el ejercicio de funciones reservadas a la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter nacional, debe entenderse que se da el presupuesto necesario para que también en este ámbito se aplique la Ley 20/2021. Asimismo la Sala mantiene que no hay aquí ninguna exclusión de ámbitos funcionariales para acceder a los cuales se hayan establecido procedimientos selectivos singulares. Y, en fin, la Ley 20/2021 no incurre en la inconstitucionalidad que le reprocha el recurrente y la norma reglamentaria cuestionada cuenta con motivación y certeza suficientes. Se rechaza finalmente el alegato de discriminación.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si en caso de cese de un funcionario interino por la no superación de un proceso de estabilización en el que participó, procede la indemnización contemplada en el apartado 6 del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en que se determine si, en los supuestos en los que la normativa vigente admite la sustitución del período de vacaciones anual por una compensación económica en el caso de finalización de la prestación de servicios, resulta discriminatorio que para el personal temporal, en relación con el personal fijo comparable, no se contemple que dicho periodo deba computar como tiempo efectivo de prestación de servicios.
Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que revoca el nombramiento de funcionario interino del cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, que vino motivado por la implementación de un Programa de Emergencia Sanitaria para afrontar la COVID-19. La incapacidad del recurrente para desempeñar sus funciones hicieron desaparecer las causas de necesidad que motivaron su nombramiento. La falta de capacidad funcional del recurrente hace decaer, por si sola, las razones de urgencia que justificaron su nombramiento que, en última instancia, no eran otras que velar por la vida, integridad y salud de los internos albergados en el centro penitenciario de Las Palmas-1 que su falta de preparación profesional actualizada pone en peligro. El recurrente mostró su incapacidad para la realización de las funciones desde el mismo día de su toma de posesión, negándose a hacer guardias y turnos de tarde, y carecer de los mínimos conocimientos informáticos para la gestión de los expedientes de los enfermos a través del ordenador, poniendo en riesgo la salud de los internos con su falta absoluta de los más elementales conocimientos clínicos. Motivación in aliunde: Si constan informes en el expediente administrativo y el destinatario ha tenido cumplido acceso al mismo, la motivación mediante esta técnica satisface las exigencias de la motivación, pues permite el conocimiento por el receptor del acto de la justificación. Desestimación del recurso contencioso-administrativo.
Resumen: Se desestima el recurso contra el Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, en lo relativo a plazas de la escala de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. Al igual que se resolvió en la STS núm. 1071/2023, de 20 de julio, se señala que existe un gran número de interinos en puestos de las entidades locales desde los que ejercen funciones reservadas a la Escala y que la Administración Local no es una excepción respecto a las otras Administraciones públicas en lo que se refiere al empleo temporal, de manera que también en ella se da el fenómeno que la Ley 20/2021 quiere revertir. Así, pues, existiendo personal interino que desempeña puestos de las entidades locales que implican el ejercicio de funciones reservadas a la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter nacional, debe entenderse que se da el presupuesto necesario para que también en este ámbito se aplique la Ley 20/2021. Asimismo la Sala mantiene que no hay aquí ninguna exclusión de ámbitos funcionariales para acceder a los cuales se hayan establecido procedimientos selectivos singulares. Y, en fin, la Ley 20/2021 no incurre en la inconstitucionalidad que le reprocha el recurrente y la norma reglamentaria cuestionada cuenta con motivación y certeza suficientes.
Resumen: Concluye esta sentencia que no ha lugar a la responsabilidad patrimonial por el hecho de que se haya realizado una contratación de un empleado público en régimen de fraude de ley. Constatada esa utilización abusiva, no es posible en nuestro ordenamiento jurídico, ni por aplicación de la cláusula 5ª del Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 1999/70 , la conversión de la relación de servicios temporal en una de carácter fijo o asimilado, sino que la consecuencia jurídica será el derecho a la subsistencia de la relación de empleo, con los correspondientes derechos profesionales y económicos, hasta que la Administración cumpla debidamente lo dispuesto por el artículo 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración con arreglo a las normas generales de ésta.
Resumen: Para esta sentencia las valoración de los méritos del aspirante en el proceso selectivo para el cuerpo de maestros litigiosos no deben ser aportados ex novo si el aspirante los tenía reconocidos en un anterior proceso selectivo los méritos . De ser así, las bases de la convocatoria compelían a la Administración a recogerlos en el Baremo, de oficio y sin necesidad de que el aspirante los reprodujera en el ulterior proceso. Por el contrario, en caso negativo, no le era dable al interesado pretender su reconocimiento mediante la aportación de los mismos en el plazo de presentación de alegaciones ya que no se trataría de méritos ya reconocidos sino de presentación de unos nuevos para cuyo caso y tratándose de procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, no cabe aplicar la subsanación de defectos prevista en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
